Hace ya más de un año, CLACSO se abocó a la tarea de reunir la obra dispersa de Héctor Schmucler, una de las figuras centrales del pensamiento de izquierda en la Argentina. Reviso esos ensayos escritos al calor de tantas y diversas coyunturas. Hay textos fechados en los años sesenta, otros en los álgidos setenta y también, claro, en los años del exilio, aquellos en que Schmucler escribió en México tratando de pensar las razones que llevaron a la derrota y a la masacre a muchos de su generación.
El pensamiento de Schmucler se corre de los lugares comunes, su mirada va siempre por fuera de lo esperable generando disrupciones sobre la quieta superficie que diseña el pensamiento establecido.

Esta mañana de octubre, mientras reviso esos ensayos, leo en los portales los debates en torno al voto argentino en Ginebra y que tiene en su centro la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, un debate que no ha comenzado hoy, sino que se remonta muchos meses atrás en el tiempo y que se encuentra, podríamos decirlo, cap­turado en la altisonancia de voces claramente antagóni­cas. Si fuera posible diseñar ese campo antagónico podría­mos decir que de un lado se ubica una derecha que conde­na sin ambages al régimen de Maduro y que al mismo tiempo consiente, sin vergüenza, los graves atropellos a la dignidad humana que cometen gobiernos como los de Jair Bolsonaro en Brasil o los de Jeanine Áñez en Bolivia. Y del otro, un sector de la izquierda y del campo progresista, que al tiempo que condena la violencia que carabineros descarga sobre el cuerpo de miles de chilenos en las pro­testas callejeras, acepta y hasta alienta la represión ejerci­da por el régimen de Maduro sobre la población civil.

Schmucler dedicó no pocos ensayos a pensar el lugar de los derechos humanos en la escena contemporánea, y especialmente a reflexionar sobre ese legado en relación al campo progresista. En uno de esos ensayos Schmucler arriesga a decir: “(…) lamentablemente, no siempre la vocación de verdad es patrimonio de algunos movimien­tos vinculados a los derechos humanos. En ellos sigue actuando, muchas veces, la fatídica convicción de que ocultar o deformar algunos hechos puede beneficiar la argumentación a favor de la justicia. El antiguo temor a “no dar armas al enemigo” (que sirvió, en la práctica, para facilitar algunas de las peores ignominias de la historia contemporánea) lleva a quitar sustento o volver dudosas las causas más nobles. En todos los casos, sufre la verdad y, en consecuencia, la posibilidad de construir algo nuevo sustentado en la confianza”.

Unas breves líneas le bastan para describir el marco argu­mentativo que a amplios sectores de la izquierda le ha servido para justificar su silencio frente a situaciones que debieron ser repudiadas sin ambigüedad, y que en cambio fueron omitidas, pasadas “por alto”. Las purgas estalinistas, la vida vigilada en la ex RDA, las revueltas sangrientamente aplastadas en el Este europeo, los campos de reeducación y disciplinamiento de los años 60 en Cuba y la consecuen­te represión por parte del régimen a la disidencia política y cultural, son solo algunos de los tantos “momentos” del siglo XX en los que se optó por el benevolente silencio en lugar de la necesaria condena, algo que se repite en tiem­po presente, esta vez con el caso venezolano.

Así es como poco tiempo atrás Atilio Borón brindó su apoyo público a la represión en Venezuela, algo que tam­bién avaló hace tan solo unas semanas Horacio González, de manera casi contemporánea a las declaraciones que en esos mismos días enunció Adolfo Pérez Esquivel quien se abstuvo de condenar la grave situación represiva afirman­do “carecer de información precisa” sobre lo que allí ocu­rría, cuando en verdad se cuentan en decenas los informes elaborados por las agencias dedicadas a observar el estado de los derechos humanos en la región y en particular, en Venezuela. Agencias u organismos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, y tantas otras orga­nizaciones humanitarias que él conoce muy bien porque ha trabajado junto a ellas y que construyen sus informes sobre la base de denuncias realizadas por las propias víctimas, tal como históricamente elaboran sus informes este tipo de organizaciones.
Ahora bien, si se relativiza la información que brindan esas agencias sobre el caso venezolano, ¿por qué se confía a rajatabla cuando esas mismas agencias u organizaciones se pronuncian sobre las violencias estatales que tienen lugar en Brasil, Guatemala u Honduras?

En el caso venezolano su gobierno aduce, y las voces de Pérez Esquivel, Borón o González acompañan esta idea, que esta clase de informes son sesgados y que deben ser vistos como una forma encubierta de intervención en sus asuntos internos. La memoria siempre es útil para refutar este tipo de argumentaciones porque se trata de la misma respuesta que daba nuestra dictadura cuando intentaba defenderse de las acusaciones y denuncias internaciona­les que se le formulaban por la comisión de graves viola­ciones a los derechos humanos que estaban teniendo lugar en suelo argentino. Es el mismo argumento que el gobierno de Jair Bolsonaro enuncia cada vez que se lo acusa de estar cometiendo genocidio con los pueblos indígenas de la Amazonia o el que esgrime el gobierno de Iván Duque en Colombia cuando las organizaciones de víctimas lo señalan como responsable de apañar la matan­za de líderes sociales.

Así como la derecha construye sus propias estrategias discursivas para desacreditar las denuncias sobre los crímenes que ella impulsa y comete (apelando al fantasma del marxismo como agente desestabilizador de los siste­mas democráticos), existe un progresismo que no hace nada muy diferente al justificar su silencio aduciendo que la información ha sido distorsionada, que las víctimas mienten o que los hechos no alcanzan la gravedad denun­ciada, también construyendo versiones de supuestos complots o la acechanza de intereses espurios, esto, cuando el objeto de la denuncia recae sobre su propio universo ideológico.

Siguiendo esta línea reflexiva, valdría preguntarse por qué deberíamos confiar en las imágenes televisivas que exhi­ben la violenta represión de Carabineros en Chile y no en aquellas que muestran la represión ejercida por militares y paramilitares del régimen venezolano sobre la población civil. ¿Por qué se acepta sin dudar lo que dice Amnistía Internacional acerca de la situación en Brasil y se sospecha cuando esa misma organización se pronuncia sobre lo que ocurre en Venezuela? Solo una actitud política e intelec­tual de aplicación de doble rasero a la hora de condenar las violencias estatales explica esa posición cuya consecuen­cia primera y última es el abandono a su propia suerte a las víctimas de la violencia, en unos casos por sobre otros. Un doble rasero que olvida un principio fundamental que está en el espíritu fundacional de la Declaración universal de los Derechos humanos, el que nos recuerda que hay crí­menes que por su misma naturaleza agravian a toda la Humanidad, y que las víctimas de esos crímenes, allí donde estén, sin importar su raza, su género, su religión, su nacio­nalidad, su ideología política son merecedoras de protec­ción plena.
Mientras se escriben estas notas la policía sigue asesinan­do en las calles de El Salvador. En las favelas de Bahía y Río de Janeiro la policía y el ejército siguen jugando al blanco móvil con los más vulnerables. Y en las calles de Caracas y Maracaibo los grupos de choque estatales y paraestatales asesinan y torturan con impunidad, a la misma hora que en Managua el régimen de Daniel Ortega ordena perseguir, encarcelar y torturar a más opositores.

Pronunciarse en solidaridad con las víctimas de la violen­cia estatal no debería nunca estar supeditado al signo ideológico del régimen que produce esa violencia. Se trata de una condición ineludible e intrínseca a cualquier defen­sa de los derechos humanos.

Por todo esto, y parafraseando una vez más, en clave de legado, las palabras de Héctor Schmucler: ¿tan difícil es comprender que condenar la tortura, la persecución, el asesinato no debería significar aceptar las ideas del otro y por ende claudicar en la lucha por establecer condiciones más justas de existencia? ¿Tan difícil es entender que las víctimas de la violencia estatal — sea cual fuere el Estado que la ejerce— merecen, siempre, absolutamente siempre, nuestra comprometida solidaridad y nuestro incondicio­nal acompañamiento?