Un cuerpo en territorio enemigo
Omar Arach
UNPA-UNC
En marzo de este año el gobierno nacional argentino dio a conocer la firma de un memorándum de entendimiento con la embajada norteamericana para que el Cuerpo de Ingenieros del ejército de Estados Unidos colabore con la Administración Nacional de Puertos de la Argentina en la gestión del río Paraná como vía navegable. El comunicado de prensa oficial no dice mucho y por lo tanto no es mucho lo que podríamos agregar al respecto*. Pero sí podemos comentar algo acerca de quién es el firmante al que estamos invitando a la “gestión” de nuestro río.
El Cuerpo de Ingenieros es un brazo técnico del ejército que acompañó la gesta expansiva del estado norteamericano desde su misma fundación. Fue creado oficialmente en el año 1802, pero su embrión data de 1775, cuando George Washington constituyó su ejército con un ingeniero jefe, que luego sería el ingeniero jefe de su gobierno.
Desde entonces fue una pieza clave en la conquista del estado norteamericano sobre el territorio autoasignado como propio y también allí donde sus aventuras militares internacionales lo llevaran. Jugó un rol fundamental en el despojo de las poblaciones originarias durante la muy televisiva conquista del oeste y en la guerra contra México, que resultó en la apropiación de la mitad norte de este país, en la franja que hoy comprende los estados de California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y Colorado. Las tareas en estos casos estuvieron centradas en trabajos de reconocimiento topográfico, pero también en la construcción de puentes, pontones y puertos para facilitar el despliegue de las tropas. Más ampliamente, el cuerpo de ingenieros fue protagonista principal para la construcción del tendido ferroviario en el país, así como de represas y acueductos, que viabilizó el colonialismo de asentamiento característico de su historia.
En el siglo XX sus incursiones guerreras lo llevaron a participar en las dos guerras mundiales, así como en Corea, Vietnam, y más recientemente Iraq, Afganistán y Siria. Con ese conjunto de experiencias también fue ampliando y diversificando sus capacidades en el desarrollo de infraestructura para facilitar procesos de destrucción. Luego de la Primera Guerra Mundial, constituyó el Servicio Químico de Guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial participó activamente en el proyecto Manhattan, para la producción de la bomba atómica, el cual es celebrado como uno de los más grandes logros del cuerpo. También participó en la carrera espacial, realizando la plataforma de lanzamiento del Apolo, el cohete espacial que alunizó en 1969.
Así mismo, se ha especializado en la “reconstrucción” de áreas destruidas por la guerra, con proyectos en Iraq, Kuwait, Siria, Libia. Con el tiempo, fue incorporando tareas de conservación y restauración ambiental y, también, de asistencia humanitaria. Actualmente se encuentra realizando un puerto flotante en las costas de Gaza, para hacer llegar ayuda a una población civil devastada por el bombardeo del ejército israelí, convenientemente pertrechado con explosivos y municiones provistos por el gobierno norteamericano.
Una de las áreas en las que se ha especializado, en términos de trabajos civiles, ha sido en grandes obras hidráulicas: diques, canales, represas, pólderes. Gran parte de los ríos de Estados Unidos han sido intervenidos por la acción del Cuerpo de Ingenieros. Ha sido también clave en el asesoramiento para la construcción del Canal de Panamá, que habría de transformar la cartografía del comercio internacional en el siglo XX.
El Cuerpo de Ingenieros suele ser presentado como la “elite combatiente de la nación”, y también como una “aristocracia militar” con un gran poder de lobby en el congreso a fin de capturar millonarios contratos asociados a grandes proyectos. El periodista Gene Marine** lo definió como “extravagante, destructivo, ebrio de poder, antidemocrático, el Cuerpo de Ingenieros es el imperio más intocable en Estados Unidos, tan poderoso en su campo como el FBI o la CIA”.
Las transformaciones de gran escala que son capaces de pergeñar los ingenieros de este cuerpo va a tono con una monumentalidad característica de la épica norteamericana, que ha contagiado el horizonte civilizatorio de nuestra contemporaneidad. Como señala el historiador Todd Shallat***:
“El tamaño se convirtió en un estándar de grandeza en el cuerpo de ingenieros que fundó Jefferson. Comprometido con lo masivo y monumental, el Cuerpo —una autoridad de planificación, un pionero de las ecuaciones costo-beneficio que justificaban grandes presupuestos— defendió con éxito el vínculo entre un gobierno vigoroso y el crecimiento industrial. La historia del Cuerpo se lee como un orgulloso cuadro de honor de los logros de la ingeniería. La mayor fortificación costera independiente del mundo. El arco de mampostería más largo del mundo. El faro más alto del país. El Monumento a Washington. La cúpula del Capitolio. El Proyecto Pick-Sloan a lo largo del río Misuri. La presa de Bonneville. La plataforma de lanzamiento Apolo en Cabo Cañaveral. La vía de carga petroquímica a lo largo del río Arkansas hasta Tulsa. La esclusa de 1.200 pies en Sault Ste. Marie”
El Cuerpo de Ingenieros se constituyó en un modelo de organización para la realización de grandes obras, con su capacidad para movilizar una gran fuerza de trabajo y cuantiosos volúmenes de capital y de materia, así como para cartografiar un territorio a fin de intervenirlo en forma de conquista. Consecuentemente, también han proliferado voces de protestas levantadas por los innumerables afectados de sus trabajos civiles (las víctimas de sus trabajos militares comparecen en otros espacios).
A modo de ejemplo, sin pretensión de exhaustividad, y centrándonos sólo en la cuenca del Missisipi, podemos mencionar los pueblos Arikara, Mandam, Hidatsa y Lakota inundados por la serie de represas sobre el río Misuri. O las víctimas del huracán Katrina, en Nueva Orleans, en el 2007, cuando la ciudad fue inundada debido al colapso del sistema de diques construidos por el Cuerpo de Ingenieros, que costó la vida a 1400 personas. El proceso de responsabilización por lo que fue calificado como la catástrofe de ingeniería más grande de las historia de Estados Unidos ha enfrentado al Cuerpo de Ingenieros (quien culpó a la naturaleza y a la imprevisión de los habitantes locales) con un robusto movimiento ciudadano, que documentó tramas de complicidad y corrupción detrás de las fallas de las obras del Cuerpo de Ingenieros. El proceso judicial aún se encuentra abierto.
Significativamente, es el carácter de administrador de la Hidrovía del Missisipi lo que justifica para el gobierno argentino su inclusión en el acuerdo: “El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos de América administra la hidrovía del río Misisipi, que comparte muchas características con la Vía Navegable Troncal argentina: son columnas centrales para el comercio internacional, así como para el transporte de las cosechas agroindustriales, y están entre las vías navegables de mayor extensión del planeta”.
El memorándum de entendimiento surge en medio de un “impasse” derivado de la concesión de las obras de dragado y balizamiento a la empresa Belga Jan de Nul, que concluyó hace dos años y cuya renovación es motivo de disputa entre distintos grupos de presión político-empresarial de nivel internacional, pero también de movimientos políticos y ambientales que han planteado el problema en términos de soberanía sobre el río. Bueno es entonces remontarse al momento en que se asignaron las obras a la empresa belga.
En 1991 los cinco gobiernos de la cuenca del plata lanzaron el plan de hacer una hidrovía industrial, promocionada como “la Hidrovía del Mercosur”. Financiado por el BID, y administrado por un Comité Interjurisdiccional, este megaproyecto pretendía convertir el eje Paraguay-Paraná en una vía de navegación que pudiera funcionar las 24 horas del día los 365 días del año. Entre las obras previstas se consideraban la rectificación de meandros y la voladura del lecho rocoso en el río Paraguay, aguas arriba de Asunción, algo que habría de afectar a los humedales de aguas arriba, especialmente el Pantanal, considerado el humedal más grande del mundo.
Ese proyecto fue resistido por múltiples organizaciones, entre las que se destaca una coalición de organizaciones, la Coalición Ríos Vivos, de los cinco países. Aunque la obra se desactivó en términos de megaproyecto de los cinco países, continuó desarrollándose en los tramos nacionales, como obras propias de cada nación, pero articuladas en un mismo plan. En los años 2000, la Hidrovía Paraguay-Paraná pasaría a ser definida como un eje de integración y desarrollo de la IIRSA (luego COSIPLAN)**** y su área de influencia como parte de las repúblicas unidas de la soja, según rezaba una muy comentada publicidad de la empresa Syngenta.
El estado argentino avanzó en la desregulación de la actividad portuaria, con la disolución de la Junta Nacional de Granos y el desarrollo de puertos de exportación privados. Comenzó una nueva etapa, con la expansión de un nuevo complejo agroportuario, esta vez en manos de corporaciones multinacionales ligadas al comercio de granos, en el marco de una profunda metamorfosis ambiental en la cuenca derivada de la difusión del nuevo modelo de agronegocios. Actualmente, en el Gran Rosario se encuentran 29 terminales portuarias que conforman el complejo oleaginoso más importante a nivel mundial, si se considera el grado de concentración de fábricas y terminales portuarias en una región determinada. Un informe de la bolsa de comercio saluda que en el año 2016 se superó en volumen exportado al puerto de Nueva Orleans.
Las elites celebran la proyección del aumento del tonelaje transportado por la Hidrovía. En términos de profundidad media se pasó de 22 a 34 pies entre 1993 y 2017, esperando llegar a los 36 pies en 2027 (medida en Puerto San Martín). Para el mismo período se aumentó de 16 a 64 millones de toneladas embarcadas, esperando alcanzar los 90 millones en 2027.
El movimiento que se opuso a la Hidrovía en los años 90 articuló una respuesta que implicó también una contraposición de representaciones, que prefiguran horizontes de acción contrapuestos, entre una hidrovía industrial y un corredor de humedales (el corredor de humedales más grande del mundo) que nace en el Pantanal y termina en el estuario del Plata. El eje Paraguay-Paraná es entendido como el “valle central de la cuenca del plata”, un gran colector de agua de una cuenca transnacional, que es espacio de vida de múltiples pueblos y comunidades.
En ese marco surgió la consigna que todavía tiene una gran actualidad: adaptar los barcos al río, y no al revés. Un presupuesto sencillo y que sin embargo parece utópico, a juzgar por el entusiasmo con que las elites celebran su esfuerzo por convertirlo en una canaleta para que circulen embarcaciones de ultramar. Para estas elites, nada mejor que un cuerpo de ingenieros que encarna aquello que Ernst Bloch definió como el ethos característico de la técnica moderna: estar en la naturaleza como un ejército en territorio enemigo.
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* Escribí este artículo antes de que se hiciera público el memorándum, que está muy bien analizado en el artículo de los miembros de la Asociación de Abogadas/dos Ambientalistas presente en esta edición.
** Marine, Gene (1969). America the raped. The engineering mentality and the devastation of a continent. New York. Simon and Schuster
*** Shallat, Todd (2014). Hope for the Dammed: The U.S. Army Corps of Engineers and the Greening of the Mississippi https://scholarworks.boisestate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1390&context=fac_books
**** IIRSA: Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana. COSIPLAN: Consejo suramericano de infraestructura y planeamiento.
Nuestro río, de otros
Lucas Micheloud, Gimena Viviani, Romina Araguas, Fabian Maggi y Jorge Oscar Daneri, Abogados miembros de la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE).
La Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas solicitó acceso a información pública ambiental, a los efectos de acceder al denominado Memorándum de entendimiento con el cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos de América, realizado por la Administración General de Puertos del Estado Nacional.
En fecha 26 de abril del corriente año, Juan Bernasconi en su carácter de Subdirector de la Gerencia General de la Administración General de Puertos (AGP) responde la solicitud y hace llegar el documento requerido, el cual obra, ahora, en este link.
De esta manera tomamos conocimiento que el acuerdo fue iniciado y firmado por la autoridad de la AGP durante la gestión del Presidente Alberto Fernández, y ratificado por el actual gobierno. El documento fue suscripto por Juan Carlos Mario Beni, Interventor de la AGP, dependiente directamente de Sergio Massa, ex Ministro de Economía.
El representante del Cuerpo de Ingenieros Daniel H. Hibner, Brigadier General, Comando del Ejército de los Estados Unidos de América —conforme obra en el documento oficialmente remitido— lo suscribió el 5 de enero de 2024.
El documento, que intenta un lenguaje técnico, es profundamente político en razón de que las partes se comprometen al intercambio de información y cooperación sobre políticas diversas en todo lo relacionado a la gestión del río, o los ríos, cuenca del Paraná, o las cuencas argentinas en su conjunto, debiendo destacarse los siguientes puntos textuales:
“Políticas de control de inundaciones y gestión de recursos hídricos”. “Cuestiones de políticas públicas hídricas”.
“Gestión de cuencas hidrográficas”.
“Preservación de ambientes fluviales, humedales y evaluación del hábitat”. “Sedimentación y dragado”.
Todo lo imaginable sobre la expansión de canales de navegación, puertos, su ampliación y profundizaciones.
También parece que tienen la capacidad de “diseñar ecosistemas” que, en realidad, han tenido un impacto negativo en su propio país, como bien narra Omar Arach en el artículo publicado en la presente edición.
Finalmente, en este punto, se comprometen las partes a “Investigación y desarrollo en apoyo a los temas anteriores”.
Seguidamente el acuerdo expresa la posibilidad de establecer “la dirección estratégica” en, se comprende, la gestión política de la cuenca, o las cuencas, ni más ni menos. Esto es, sin lugar a duda, un acuerdo político en su máxima expresión, el cual se potencia y dimensiona hacia el futuro inmediato en escenarios de mega proyectos más que predecibles, atento la historia del cuerpo de Ingenieros en la construcción o deconstrucción de ríos, su artificialización, como de proyectos de represamientos hidroeléctricos.
Es importante destacar el punto 5, c) del Memorándum, en razón de que cualquier acuerdo de desarrollar en las cuencas un proyecto concreto o actividad deberá ser realizado por un convenio vinculante, puntual.
Finalmente, la cláusula 6 establece restricciones sobre la divulgación de informes, programas, etc. en el marco de la legislación vigente en cada país.
Los informes, estudios, documentos de investigación sobre la diversidad biológica de los sistemas de humedales, valles de inundación y de los cauces principales de los ríos son bienes naturales de todos los pueblos. Los reinos de vida no humana allí existentes son titularidad provincial de dominio no delegable al Estado Nacional, y el mismo está obligado a su cumplimiento y aplicación en razón de los artículos 41 y 124 de la reformada Constitución Nacional. Son de libre acceso al conocimiento para que los ciudadanos realicen estudios, informes, documentos científicos. Esto constituye un derecho previo a cualquier decisión de las potenciales obras de las características y escala que este acuerdo describe.
El federalismo y la democracia ambiental, negada
Desde nuestra visión jurídica e institucional, el presente acuerdo no es acompañado aún por las Provincias involucradas, en atención a que las mismas son las titulares de los bienes naturales (recursos) que las conforman. Es decir, es necesario un Tratado Interjurisdiccional que ratifique el presente Memorándum, como también, en su caso, los acuerdos posteriores que se pudieran firmar en razón de programas, proyectos, investigaciones concretas, etc, que se planifique desarrollar, por ejemplo, sobre mayores profundidades y ampliaciones del ancho del canal de navegación, en la denominada vía navegable troncal en el río Paraná, ex hidrovía Paraguay-Paraná.
Sin duda, quienes integramos las organizaciones ecosociales mayoritarias del país nos oponemos radicalmente a escenarios de mayor artificialización del río Paraná. Por ejemplo, el proyecto que busca que las bodegas de los mega buques puedan navegar totalmente llenas resulta inadmisible, mucho más en la mayor crisis de bajante —sequía— por tres años conocida.
Se debe tener presente que en las provincias existen legislaciones sobre el proceso de estudios de impacto ambiental que exige la intervención previa en investigaciones, estudios, e incluso en la formulación de los términos de referencia (TdeR) de los mismos. Entre Ríos, aún más, presenta normas que determinan que no se pueden estudiar sus bienes naturales sin acuerdo con la Provincia, sin previa intervención del poder legislativo. La ley de Libertad de los ríos (9092) puntualmente dispone:
"Art. 4. Todo estudio, evaluación, proyecto económico, social o ambiental sobre el desarrollo regional integrado y sostenible a ejecutarse en el territorio de la Provincia, con incidencia en los ríos indicados en el Artículo 1º y sus recursos naturales es de atribución exclusiva de la Provincia, en cuanto a su planificación y desarrollo.
Si para la ejecución de lo expresado en el párrafo anterior es necesaria la intervención de otros Estados Provinciales y/o el Estado Nacional, los convenios interjurisdiccionales a suscribirse se harán ad-referéndum del Poder Legislativo.
Los estudios e investigaciones, tanto del sector oficial como privado, que se realicen en relación a los recursos naturales comprendidos en el Artículo 2, deberán ser comunicados a la comisión creada por el Artículo 6º de la presente ley”.
En la misma inteligencia, un párrafo constitucional histórico (Entre Ríos) fue consolidado por un caso judicial concreto por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Majul, Julio Jesús c/ Municipalidad de Pueblo General Belgrano y otro s/ Acción de Amparo Ambiental”, el que dispone:
“La Provincia concertará con las restantes jurisdicciones el uso y aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes. Tendrá a su cargo la gestión y uso sustentable de las mismas, y de los sistemas de humedales, que se declaran libres de construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados.” (Artículo 85, 6 párrafo de la Constitución de Entre Ríos).
Lo expuesto aquí, viene legitimado por la experiencia judicial, institucional y social llevada adelante en el caso de intento de construcción de la denominada represa hidroeléctrica de Paraná Medio (1996-97), precisamente de la mano de ingenieros militares del mismo país asociados a mega empresas privadas diversas, donde la Justicia Federal de Entre Ríos destacó la relevancia del ejercicio del federalismo de concertación y su democracia ambiental, marcando la ausencia de acuerdos entre el Estado Nacional y las Provincias de la cuenca del Paraná, como ya lo había expresado el Defensor del Pueblo de la Nación, declarando la inconstitucional al Decreto Nacional de Carlos Saúl Menem que adjudicaba la construcción de la mega represa hidroeléctrica.
Las historias se repiten, casi como sin grietas, visto los firmantes de un lado y del otro.
La geopolítica de las alianzas estratégicas con China, lideradas por Cristina Fernández y ratificadas por Mauricio Macri, como ahora este Memorándum, ponen el acento en que, si desde las organizaciones de la sociedad civil no estamos atentos y alertas, el proceso de mega extractivismo voraz y desolador determinará finalmente la consolidación de nuestra región del Cono Sur como zona de sacrificio y expulsiones, más allá de las acusaciones cruzadas de servilismo y colonialismo, según a qué gran actor imperial en la multipolaridad actual, cada gobierno decide entregarlos.
Las manifestaciones públicas de Laura Richardson, Jefa del comando sur de los EEUU de América, sobre los intereses en los bienes naturales del Cono Sur y la gestión del agua dulce es claramente la visión estratégica que moviliza acuerdos de las características aquí consideradas.
Este escenario político nos convoca a cerrar acuerdos mayores de confraternidad y solidaridad entre los sectores políticos y sociales, no solo en nuestro país, sino también en la cuenca toda, más aún cuando en el caso que nos ocupa, Paraguay realizó un acuerdo casi calcado suscripto con el mismo cuerpo de ingenieros hace más de un año, aún no ratificado por su poder legislativo.
La protección como el ejercicio de la soberanía nacional, que se viene entregando desde el Menemismo a la fecha sin límites ni controles serios en la cuenca toda, es un desafío cívico de compromiso y convicciones a desplegar desde los sentires, gritos y esperanzas de la madre tierra.
Existen sí, honrosas excepciones, como lo fue en alguna medida no menor el caso de la creación y observaciones en la gestión de la hidrovía de positivas propuestas del Ente Nacional de control y gestión de la Vía Navegable, con importantes aportes documentados para los estudios que sí se deben desplegar por los ámbitos científicos argentinos, muchos de excelencia.
A pesar de que los informes de otros entes de control, tales como la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación, fueron demoledores respecto al caso de la Hidrovía, estos han sido totalmente ignorados por las autoridades ejecutivas en sus oportunidades.
Estos documentos y sus referencias obran en la causa judicial que llevamos adelante desde hace más de dos años frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Justicia Federal de San Nicolás, en el caso río Paraná. Denunciamos y demandamos la realización de los estudios de impacto ambiental en pasos críticos concretos, el respeto por la aplicación de las herramientas de la democracia ambiental y la urgente realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de la cuenca del río Paraná y el Paraguay en nuestro territorio, frente a la mayor crisis hídrica ambiental.
La Justicia tiene la palabra ante un Estado, ayer y hoy, violador sistemático del Pacto Federal originario y la reforma constitucional de 1994, como de las constituciones provinciales todas, en la gestión de sus bienes naturales, bienes que lo conforman y constituyen como Ser Nación y Estado.
Finalmente, ratificamos y sostenemos la necesidad imperiosa de la conformación del Comité de Cuenca del río Paraná en el tramo nacional, a los efectos de un ejercicio no menor de la visión y gestión de cuenca, tal como el río se merece. Esto debe darse respetando sus diversidades de vida, mucho más allá de aquella mirada limitada y focalizada en una mera vía de circulación de mercaderías que, ahora con este Memorándum, nos aleja aún más de las responsabilidades y obligaciones legales y democráticas. Estos modelos que pretenden imponerse ilegal y autoritariamente en toda la cuenca son precisamente los causantes de semejante crisis climática, ambiental y civilizatoria.
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